El proyecto comunero

Finalmente, el 1 de agosto de 1520, constituyen en Ávila, sin permiso del emperador, las Cortes y Junta General del Reino. Castilla pasa con ello, de la simple revuelta comunera a una verdadera Revolución moderna. Con la constitución de esta Junta comunera, las ciudades castellanas desobedecen la autoridad constituida por el Emperador, que había dejado como virrey a Adriaan de Utrecht, y constituyen su propia legalidad autoconvocándose. Después de meses de revueltas, las ciudades castellanas se encontraban ya sujetas a un poder local revolucionario, que tiene el control político y militar en las ciudades, pero ahora ese poder popular inicia un proceso constituyente a nivel de todo el Reino. Las crónicas difieren entre cuáles fueron las ciudades que se presentaron a estas primeras sesiones en la capilla de San Bernabé de la Catedral de Ávila, pero sabemos seguro que acudieron representantes de Segovia, Salamanca, Toledo, Zamora y Toro. El resto de ciudades se irán incorporando desde finales de agosto, sobre todo con las noticias de la quema de Medina del Campo a manos de los imperiales, y a partir del traslado de la Junta a Tordesillas, donde se encontraba recluida la reina Juana.

Casi 50 procuradores de 14 de las ciudades con voto en Cortes participaron finalmente en la Junta revolucionaria: Burgos, León, Soria, Toledo, Madrid, Ávila, Salamanca, Toro, Zamora, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Murcia y Segovia. La Junta empieza a redactar un documento, la Ley Perpetua de Ávila, considerada como el primer intento de constitución moderna del mundo, 168 años antes de la Revolución inglesa y 267 antes de la Convención de Filadelfia, donde se dice que se mencionó el precedente castellano.

La Ley Perpetua, se publicó el 20 de septiembre de 1520, ya desde Tordesillas, donde se asienta la Junta Comunera para buscar el amparo de la reina Juana. Tenían ya la legitimidad popular, el poder político y militarmente se estaban preparando. Solo les faltaba la confirmación legal a su labor constituyente, que Juana podría haberles otorgado frente a Carlos V, pero finalmente dudó y decidió no apoyar el movimiento comunero. En sus 118 capítulos, propone un nuevo modelo de administración política, judicial y tributaria del reino, además de medidas para evitar la corrupción, limitar los privilegios señoriales o garantizar la libertad de los indios. Referente a la Corona, se exige que el Emperador regrese a Castilla sin funcionarios ni militares flamencos ni franceses y que se trate a la reina Juana con dignidad, pues hasta ahora se la mantenía encerrada y sin personal a su cargo directo. Exigen que se reduzca el gasto de la Casa Real y el número de funcionarios reales, que éstos no provengan de la alta nobleza y que paguen impuestos en el país aunque marchen fuera. Exigen también una rebaja de los impuestos que se pagan para los gastos reales, que han ido aumentando con los años. Proponen de hecho toda una reforma fiscal, que a la práctica ya están llevando a cabo pues los comuneros gestionan ya los impuestos en las ciudades. Consideran los privilegios otorgados a la alta nobleza desde la muerte de Isabel la Católica como ilegales “Porque la venta de tales oficios es muy detestable y prohibida por derecho común y leyes destos Reynos por los grandes daños de la República.” Respecto a la política, exigen que en las Cortes estén representados los tres estamentos: nobleza, clero y comunidad. Aunque había sucedido por primera vez en las Cortes de León de 1188, era algo excepcional. Los comuneros piden que se realice así siempre que se convoquen las mismas. Siguiendo con la cuestión política, se exige que esos diputados en Cortes no puedan ser elegidos ni ordenados por el Rey y que los de las ciudades solo respondan al mandato de la Comunidad. Se exige que los procuradores únicamente dispongan del salario que les pongan las ciudades y se reclama la pena de muerte por corrupción. Las Cortes, a este modo, se reunirán cada 3 años, con los procuradores electos por las ciudades, que tendrán la obligación de rendir cuentas en los 40 días siguientes a la celebración de las mismas. Respecto a la economía, toman medidas de carácter proteccionista, como la regulación del precio del oro y la plata y la prohibición de sacar moneda del reino. Se adelantaron a la Revolución de los Precios de las décadas posteriores, que supuso la ruina de la industria propia Se toman otras medidas contra la especulación, como limitar las exportaciones e importaciones, pues como ya hemos comentado, la competencia de los industriales flamencos está reventando la producción textil castellana. También imponen medidas sobre la Administración de Justicia, que no podrá estar formada por funcionarios designados por el rey ni venidos de Flandes u otros territorios. Se les someterá a inspecciones periódicamente para evitar corrupción El concepto de lo que tiene que ser un funcionario lo tenían ya muy adelantado: “Y que se provean los dichos oficios por habilidad y merecimiento y que sea la provisión a los oficios, no a las personas”.  Respecto a la cuestión religiosa, se toman medidas para impedir la especulación y los privilegios derivados de las llamadas ‘bulas de Cruzada’ que se habían venido dando desde los siglos anteriores y se exige también que la Iglesia castellana tiene que estar en manos de castellanos, considerando que la elección como arzobispo de Guillaume de Croy es ilegal. Sobre la cuestión de los indígenas americanos, “que son tratados como infieles y esclavos” se exige que se prohíba y revoquen las concesiones de esclavitud otorgadas.

Desde luego la Ley Perpetua es un texto a caballo entre la edad moderna y la contemporánea, que se adelantó a su tiempo, y que demuestra lo adelantado del pensamiento político castellano en esa época. El doctor en Derecho Constitucional y Filosofía Política y profesor de la UCM, Ramón Peralta, en su libro “La Ley Perpetua de la Junta de Ávila ( 1520 ).” sostiene la tesis de que “el pueblo castellano pretendía establecer formalmente la primera monarquía constitucional”.

La Junta comunera, como casi siempre pasa con los parlamentos revolucionarios, se debatirá entre los sectores más moderados y los más radicales. En otoño el sector revolucionario se convierte en hegemónico, desconociendo al Consejo Real y promulgando la Ley Perpetua. Por otro lado, el auge de la lucha antiseñorial por parte del campesinado hace que los sectores de la nobleza que habían apoyado el movimiento comunero se vayan pasando al bando imperial. Durante los nueve meses de vida de la Junta, se dirige la política del reino, se promulgan leyes, se recaudan impuestos, se dirige la administración judicial, se organiza un ejército e incluso se establecieron relaciones internacionales mandando delegaciones a otros países. Aunque Adriaan de Utrecht intentó desmovilizar al bando comunero prometiendo una bajada de impuestos, suspender el servicio extraordinario del Emperador, e incluso convocar nuevas Cortes en Valladolid, era ya demasiado tarde para parar el proceso revolucionario La vía de una solución dialogada parecía cerrarse cada vez más, a pesar de intentos como el de la Concordia de Villabrágima. Los comuneros comprendieron que tenían que tomar el Reino en sus manos, y los imperiales que solo mediante la fuerza podrían detenerlos.

Con la llegada del invierno el conflicto toma carácter militar, con numerosos ejércitos comuneros e imperiales enfrentados por diferentes zonas del territorio, principalmente en Tierra de Campos, las Merindades y Álava, y en la Mancha y alrededores de Toledo. La derrota coyuntural de Villalar supuso un duro golpe para el movimiento comunero, que continuó sin embargo resistiendo hasta 1522, de la mano de María Pacheco y la resistencia toledana, y cuyo eco resuena hasta nuestros días.